Los jueces del Tribunal Supremo también protestan al Gobierno

JUSTICIA | Escrito de queja

Fachada del Tribuna Supremo. | Gonzalo Arrroyo

Fachada del Tribuna Supremo. | Gonzalo Arrroyo

  • Se quejan de su omisión en la lista de órganos constitucionales incluidos en la prestación del Parque Móvil
  • Creen que el coche oficial sólo se debe a la ‘comodidad’ de los altos cargos y dicen que ellos no lo quieren

María Peral | Madrid

Actualizado martes 18/12/2012 15:15 horas

Veinticinco magistrados de las Salas Segunda, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo han firmado un escrito de protesta por la exclusión del Alto Tribunal como organismo de relevancia constitucional en el real decreto de Hacienda que ha regulado las prestaciones del Parque Móvil del Estado. Los magistrados de la Sala Primera han firmado un escrito de queja similar y los de la Sala Tercera no han suscrito ningún texto ya que tendrán que resolver los recursos que, en su caso, se presenten contra esa normativa.

Un real decreto vigente desde el 1 de diciembre establece que los vehículos oficiales prestarán servicio “a los órganos constitucionales y a los órganos con relevancia constitucional”, entre los que cita al Defensor del Pueblo, el fiscal general, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, sin referirse en absoluto al Tribunal Supremo.

“El que organismos como el Tribunal de Cuentas, jurisdiccionalmente sometido al Tribunal Supremo, o el fiscal general del Estado, por ejemplo, figuren en esa relación y no se encuentre en ella el TS evidencia, sin duda alguna, el gravísimo error cometido por el Ejecutivo, merecedor por consiguiente de una inmediata rectificación“, señala el escrito, dirigido a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal.

Justifican la retirada del coche oficial porque han cesado ‘las exigencias derivadas de la protección de dichos cargos’

Los magistrados aclaran que “no discuten” la decisión de retirarles los coches oficiales, hecha efectiva el pasado julio, “medida que no sólo hemos apoyado, dada la necesidad imperiosa de ahorro que sufre el Estado en la actual situación de crisis económica”, sino que, más aún, la supresión de los vehículos del Parque Móvil “debería extenderse a todos los altos cargos” a los que el real decreto otorga esa prestación, “con la única excepción de los presidentes” de las instituciones constitucionales.

A este respecto, los jueces del Supremo señalan que “no parece razonable ni justo” y “puede hasta resultar una penosa y lacerante realidad” que, mientras la ciudadanía sufre los efectos de la crisis “de manera verdaderamente dramática”, exista “un grupo de ciudadanos” que disfrutan de coches oficiales con cargo al erario público cuando esa “costosa” prestación sólo se justifica, en la actualidad, por razones de comodidad personal de los usuarios al haber cesado, a juicio del Gobierno, “las exigencias derivadas de la protección de dichos cargos”.

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