Prevaricación Administrativa

Del latin “ad-ministrare”, que significa servir al pueblo o ciudadano

El delito de prevaricación administrativa cometido por funcionario público (administración como un ministerio, policía  municipales, funcionarios y/o empleados de los ayuntamientos, comunidades, consejales, alcaldes, etc.) en su cargo, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, se caracteriza por ser un delito de naturaleza especial propia, puesto que el sujeto activo ha de ser un funcionario público, con la amplitud que a este concepto, en el que se incluye el de autoridad, atribuye en los artículos del citado Código, al comprender en él a toda persona que participe del ejercicio de funciones públicas, bien por disposición inmediata de la ley, bien por elección o nombramiento de la autoridad competente.

Resolución contraria a Derecho: El funcionario o autoridad debe haber dictado una resolución que se repute contraria a derecho, bien porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento administrativo, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder.

Es decir la prevaricación administrativa es un delito que consiste en que una autoridad u otro funcionario público en su cargo dicten una ordenanza, advertencia, orden o decisión arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Dicha actuación también es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal y disciplinaria, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.

En cualquier caso, una de las bases del Estado de Derecho – como se llama España – es, precisamente, la confianza en la imparcialidad administrativa, que puede verse en la obligación de condenar a uno o varios funcionarios, por elevado que sea su rango.

El abuso de poder o autoridad es la principal fuente de la maldad moral y de la corrupción moral. Entendemos al abuso de autoridad como todo acto del funcionario que se excede en sus atribuciones o facultades respecto a particulares o casos públicos.

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La Segunda Actividad en la Policía Local de Zaragoza

EDITORIAL

Triste favor esta haciendo Manuel Solanas a la Segunda Actividad en la Policía Local de Zaragoza. Su pase a esta situación a petición propia y por llevar 25 años de servicio de forma ininterrumpida en lugar de solucionar el problema que él mismo ha causado lo agrava todavía más al crearse un agravio comparativo con el resto de los Policía Locales.
El pase a la situación de Segunda Actividad esta recogida de forma muy clara en el Reglamento de la Segunda Actividad del Cuerpo de la Policía Local de Zaragoza, y se puede hacer de tres formas:

  • 1.- Al haber cumplido los 55 años de edad para la escala ejecutiva (Con o Sin Destino) y 60 años para la escala de Mando (Sin Destino)(Escala a la que pertenece Manuel Solanas).
  • 2.- Petición Propia.

Figura recogida en el Art. 3.b del citado reglamento y ampliada en el artículo 11, donde en sus diferentes apartados expone claramente entre otros requisitos que el número de puestos a cubrir se determinará por el Ayuntamiento en el mes de Septiembre de cada año, y que la resolución del Ayuntamiento podrá revestir carácter desestimatorio en el caso de inexistencia de vacantes.

  • 3.- Insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función policial. Sigue leyendo

Malestar en el colectivo de la Policía Local de Zaragoza por el caso Solanas.

EDITORIAL

Lejos de calmar los ánimos del colectivo de la Policía Local de Zaragoza, la decisión de apartar del servicio al Intendente Principal Manuel Solanas concediéndole “a petición propia” el pase a la Segunda Actividad SIN DESTINO por haber cumplidos 25 años de servicio, ha aumentado el recelo y el malestar existente en el colectivo.
En conversaciones de “café” se califica la noticia como un “premio”, y se lamentan de la sensación que existe entre los miembros de dicho colectivo de que hay dos varas de medir, una para los grupos inferiores y otra para los grupos mas altos. Así se puede oír en cualquiera de esos foros ”Si lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros ya estaríamos expedientados”.
Hay que recordar que el Intendente Principal Manuel Solanas, fue sorprendido en Noviembre de 2011 en una redada de la Policía Nacional en un establecimiento “After” portando varias papelinas las cuales contenían droga (al parecer cocaína según apareció publicado en prensa) así como una importante cantidad de dinero distribuida en diferentes partes, por lo que se le formuló una denuncia que fue pagada por el Intendente Principal.
Solicitado por la representación Sindical del Ayuntamiento de Zaragoza un informe acerca de la actuación del Ayuntamiento del Consistorio sobre el tema, en Septiembre de 2012 desde el departamento de Régimen Interior y Relaciones Laborales, se informó que no se iba a actuar contra el Intendente Principal, al haber éste cometido los hechos fuera de servicio, y al amparo de lo establecido en la ley Orgánica 4!2010 de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, al ser cometido fuera de servicio no sería merecedor de sanción. Si bien no se hace mención de ningún tipo, ni tampoco parece que se tenga en cuenta lo dispuesto en el apartado q del artículo 8 que regula las faltas graves y que establece como tal “la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, excepto que esa tenencia se derive de actuaciones propias del servicio”.
Una mala decisión, que a juicio del colectivo, en lugar de solucionar el tema lo empeoró.
Posteriormente en Noviembre de 2012, el mismo Intendente Principal fue sorprendido nuevamente por agentes de la Policía Nacional en otro “After” siéndole formulada una nueva denuncia por estar en posesión de una papelina de sustancias estupefacientes. A raíz de esta nueva denuncia el intendente fue apartado del servicio al parecer disfrutando de días propios hasta el día 1 de Enero de 2013, fecha en la que pasa a Segunda Actividad según publicó el Heraldo de Aragón en su edición impresa del día 22 de Diciembre de 2012.